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Conselleria insta a Elche a proteger El Progreso y a los propietarios a realizar catas arqueológicas

13/03/2018

Tal y como estaba previsto, la Conselleria no se ha adelantado con el informe emitido en referencia al edificio de Nuevos Riegos El Progreso y ha apurado los dos meses de plazo que tenía por ley para dar su opinión al respecto del inmueble. Tras el acopio de los datos e información necesaria, los técnicos autonómicos han considerado conveniente no sólo que el Ayuntamiento proteja la fachada del edificio, también que los propietarios, en este caso los hermanos Pomares Mollá y Antón Boix, realicen unas catas arqueológicas, como adelantó Alicante Plaza, por estar en el casco histórico y tradicional de la ciudad.

Son cinco las observaciones que arroja el informe. La primera es que al estar en un inmueble situado en un Núcleo Histórico Tradicional —para el cual ahora el equipo de gobierno está intentando otorgar más protección—, del actual Plan General, sin ficha de catálogo pero con normativa vigente, “hubiera requerido de la previa comunicación de la misma a este Centro Directivo simultáneamente a la notificación al interesado de la licencia de derribo y de edificación sustitutoria”.

En ese sentido, y como segundo punto, el informe alude a que dado que el Consistorio, órgano competente para otorgar una licencia, “al tratarse de un área de presunción arqueológica”, deberían haber condicionado la licencia de demolición y posterior construcción a una indagación arqueológica previa, precisamente por esa situación en Núcleo Histórico Tradicional. Por lo tanto los técnicos entienden que ha de seguir vigente la suspensión cautelar de la demolición del inmueble, así como las licencias concedidas, hasta que no se conozca el resultado de la mencionada investigación arqueológica.

Se mantienen las suspensiones cautelares de las licencias

Entendiendo desde la Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte del interés patrimonial del edificio, la administración valenciana “considera que sería conveniente proteger y conservar la fachada del edificio Sala Venta de Agua, recayente a la Plaza de la Constitución en su alineación actual, y la parte de la Sala de Venta de Aguas hasta la alineación establecida en el plan general vigente”. Es decir, que se pide además del retranqueo la protección de la fachada, la sala interior de venta de agua, aunque esta ha quedado prácticamente fulminada con el inicio de la demolición.

El objetivo de este cuarto punto es conjugar el interés patrimonial del edificio y el actual Plan General, así como los derechos de los propietarios, que se encuentran en un limbo de incertidumbre hasta que no se actualice el catálogo de Edificios Protegibles del municipio en el que ya se está trabajando. Por último y precisamente sobre los particulares, se explica en la última observación que deberán proceder a realizar las actuaciones arqueológicas necesarias, “cuyo resultado determinará la viabilidad patrimonial de la actuación pretendida y/o las condiciones a las que esta deberá necesariamente someterse para la salvaguarda del patrimonio arqueológico que en su caso se detecte”, por lo que deberán modificarse las licencias concedidas y que se mantienen suspendidas cautelarmente.

En resumen, por una parte, el Ayuntamiento tendría que haber supeditado las licencias de demolición y ulterior construcción al resultado de unas indagaciones arqueológicas previas, por lo que estas quedan suspendidas cautelarmente hasta que la propiedad realice dichas catas. Por la otra, y a pesar de que el inmueble no se encuentre protegido por el catálogo, está en un Núcleo Histórico Tradicional, por lo que han de realizarse dichas excavaciones antes de poder maniobrar en la parcela. Y lo más importante, la Conselleria se ha mojado, como pedía el equipo de gobierno, y considera conveniente proteger la fachada y la sala de venta de aguas. En cualquier caso, el Ayuntamiento ha encargado a los servicios jurídicos que estudien el expediente para determinar qué pasos seguir tras la resolución. 

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